Delito de falsedad documental, usurpación de funciones públicas e intrusismo

En Muñoz Quesada Abogados le recomendamos contar con los servicios de un abogado penalista con una amplia trayectoria que sepa actuar en este tipo de delitos de falsedad documental, usurpación de funciones públicas e intrusismo en Granada.

El Código Penal dedica un capítulo entero al delito de entrada y toma de posesión de funciones públicas sin autorización.

En el artículo 402 del Código Penal se tipifica como delito a quien intente asumir el papel de funcionario público para cobrar una deuda. Esto incluye hacerse pasar por funcionario judicial o policial, realizar actos que estos funcionarios harían como simular un embargo, colocar precintos o levantar acta y darse un carácter oficial.

Delitos de intrusismo en Granada

El intrusismo es un delito que comete la persona que afirma falsamente tener la titulación académica necesaria para ejercer una profesión en España.

Si la actividad profesional desarrollada requiere una titulación oficial que acredite la formación necesaria y autorice legalmente su realización y el sujeto no está en posesión de dicha titulación, se aplicará una sanción menor. 

Este tipo de infracción está tipificada en el artículo 403 CP:

El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.

Artículo 403.1 del Código Penal.

La ley protege más de un interés legal. Esto incluye el derecho a la vida, la libertad y la integridad corporal, así como la seguridad de la sociedad en su conjunto.

Cualquier persona que no tenga la cualificación profesional necesaria puede ser considerada responsable, siempre y cuando dicha cualificación sea exigida por la ley para ejercer la profesión en cuestión.

 

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